SANTO DOMINGO, D. N., 10 de agosto del 2017.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, denunció el jueves que los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral se han dado a la tarea de cancelar a empleados que tuvieron que transitar caminos empedrados para adquirir la experiencia en las tareas de rectificación de actas del estado civil que tenían a cargo 32 Distritos Judiciales y que asumió la alta corte desde el año 2011, constituyendo, según su criterio, la acción un irrespeto a la institucionalidad del país.

El presidente de la ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, dijo que el recién nombrado presidente del Tribunal Superior Electoral, TSE, Román Jáquez, ha iniciado un proceso de cancelación masiva de empleados desde que asumió su posición, con el respaldo del pleno, por lo que fijo se siente decepcionado, pues respaldó la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de escogerlo a él y a los restantes integrantes por su reconocida capacidad académica, integridad y por sus trayectorias y apego a la ética y la moral, sin embargo han dejado de lado esos principios con su accionar inicial, que de continuar no obtendría el éxito que la sociedad espera.

"La cancelación masiva de estos empleados que rendían una valiosa función allí lo que va provocar es que se pierda la experiencia que ya tenían, con la que podían contribuir de una forma u otra al desarrollo del Tribunal Superior Electoral, que dicho sea de paso no solo maneja las actividades contenciosas", dijo De la Rosa, al tiempo de agregar que esta situación debe moderarse porque no es posible que se cancelen personas con experiencia para posicionar a otros que no la tienen en un organismo que cumple una misión tan responsable.

El vocero de ADOCCO considera que estas cancelaciones se están produciendo con un criterio extraño, debido a que Jáquez fue suplente de presidente de ese tribunal, lo que hace suponer que conocía a todo el personal que laboraba y la idoneidad de cada uno de ellos, a menos que no esté actuando con instrucciones externas de quienes aprovechan las entidades estatales para refugiar a sus partidarios, lo que dice representaría un duro golpe en el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral .