Washington, 12 feb (PL) Varias familias separadas demandaron al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el trauma causado a raíz de la aplicación de la política de ''tolerancia cero'' en la frontera sur del país, se conoció hoy.

'Estamos presentando reclamos individuales bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en sus siglas en inglés) en nombre de seis familias separadas', indicó la portavoz del Consejo Estadounidense de Inmigración, Maria Frausto.

Entre las familias que forman parte de la demanda se encuentra la guatemalteca Elena, una mujer de 35 años que fue separada de su hijo de 12 años en marzo de 2018, tras cruzar la frontera en el estado de Arizona.

De acuerdo con la reclamación judicial, ambos tuvieron que abandonar Guatemala después de que una banda callejera amenazara a ambos de muerte si el menor no se unía al grupo.

Pasaron dos días con 20 personas más en una 'hielera', habitación con temperaturas muy bajas en las que la Patrulla Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés) mantiene detenidos a los inmigrantes que acaba de arrestar.

Ambos indicaron que solo recibieron una sopa fría para comer y que no había camas donde dormir.

Al segundo día, las autoridades sacaron a Luis de la 'hielera' y lo llevaron a un centro de detención en Nueva York, a más de cuatro mil 000 kilómetros de distancia de su madre.

Según el relato, estuvieron separados durante 77 días.

La también guatemalteca Leticia, de 25 años, fue separada en mayo del año pasado de su hija de cinco años en la frontera entre Arizona y México.

La querella relata cómo los agentes fronterizos sacaron a la niña de los brazos de su madre y se la llevaron.

Tras varios cambios de ubicación de ambas, fueron reunidas cuatro meses después en un centro de Texas.

La medida conocida como 'tolerancia cero', que la administración de Trump comenzó a implementar en mayo, envió a los padres a custodia penal y a los menores a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El plan supuso entonces la separación de casi tres mil familias, de acuerdo a datos oficiales.

En tanto, seis adultos con estatus de protección temporal (TPS) y dos jóvenes ciudadanos estadounidenses cuyos padres son beneficiarios del programa, presentaron una demanda colectiva en busca de detener la terminación ilegal de TPS para más de 100 mil TPSianos de Honduras y Nepal.

La demanda impediría la separación de decenas de miles de familias con niños ciudadanos estadounidenses.

En octubre de 2018, la corte ordenó detener la terminación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, tras encontrar evidencia sustancial de que las terminaciones fueron motivadas por el racismo y violaba la ley de procedimiento administrativo.

Los demandantes alegan que las terminaciones de TPS para Honduras y Nepal poseen las mismas fallas legales y deben ser anuladas. Además de que son inconstitucionales, porque requieren que los hijos ciudadanos estadounidenses de personas con TPS elijan entre su país y su familia.

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