DISCURSO DE ORDEN CON MOTIVO DEL DIA DEL PODER JUDICIAL PRONUNCIADO POR EL DR. MARIANO GERMAN MEJIA, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, EN LA SALA AUGUSTA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL 7 DE ENERO DE 2012.

Excelentísimo Dr. Rafael Alburquerque de Castro, Vice-Presidente de la República, en representación del excelentísimo Dr. Leonel Fernández Reyna, Presidente Constitucional de la República;

Dr. Radhamés Jiménez Peña, Magistrado Procurador General de la República y demás representantes del Ministerio Público;

Señores miembros del Consejo del Poder Judicial Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera, Elías Santini Perera;

Dr. Milton Ray Guevara, Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional;

Dr. Mariano Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior Electoral;

Excelencia Reverendísima, Monseñor Joseph Wesolowski, Nuncio Apostólico de Su Santidad y Decano del Cuerpo Diplomático;

Señores representantes del Cuerpo Diplomático y Consular y de los organismos internacionales;

Señores Ministros del Gobierno Nacional;

Honorables Magistrados del Poder Judicial;

Señores de la Prensa;

Señores Abogados y Abogadas;

Señoras y Señores:

Los periódicos y demás medios de comunicación del jueves 22 de diciembre del 2011 publican la información según la cual, en la sesión del día 21 de diciembre, el Consejo Nacional de la Magistratura designó al Presidente y a los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Al efecto, quien les habla fue designado Presidente de la Suprema Corte de Justicia y, como tal, le corresponde dirigirse a ustedes en este día solemne declarado por el Artículo 40 de la Ley No. 327-1998, como Día del Poder Judicial.

Estas palabras tienen como metas dar a conocer al país:

En primer lugar, nuestra visión sobre el Poder Judicial, ya que, quien asume y participa en la dirección y administración de un Poder del Estado ha de tener una visión precisa con relación al Estado, en general; y con relación al poder que dirige, en particular.

En segundo lugar, qué hemos encontrado al asumir nuestras funciones y por lo tanto, con qué cuenta institucionalmente el Poder Judicial para desempeñarlas, ya que, conjuntamente con mis pares en dicho tribunal, me corresponde dar seguimiento a las tareas en curso por ante esta jurisdicción.

En tercer lugar, hacia dónde procuramos conducir al Poder Judicial durante el período para el cual fuimos designados; y, de esa manera, dar cumplimiento a lo que dispone el Artículo 180.1 de la Constitución vigente.

I.- VISIÓN SOBRE EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial de que hablamos en esta ceremonia, desde el punto de vista jurídico y funcional, es un Poder Judicial que, aunque posee analogías y diferencias con el Poder Judicial anterior a la Constitución del 2010, también las tiene con el Poder Judicial existente a la entrada en vigencia de dicha Constitución. Esta información nos parece importante, en razón de que un poder del Estado tiene que ser definido por lo que ha sido su pasado y por lo que es en el presente, sin que el pasado se convierta en un refugio, sino en una herramienta de trabajo para el presente y para delinear el futuro. En efecto, según los estudiosos de la historia de nuestro Poder Judicial:

1. La instancia judicial más antigua y que podría colocarse en términos de analogía con la actual Suprema Corte de Justicia correspondió, en la Época Colonial, a la Real Audiencia de Santo Domingo, creada en 1511 e integrada por un Presidente y tres Oidores o jueces. Esta jurisdicción actuaba como tribunal de apelación, salvo en los llamados "Casos de Corte", en los cuales litigaba la Corona Española.

2. Dos siglos más tarde, en el año 1776, y durante la Era de Francia, tuvimos como tribunal supremo a la Academia Imperial, compuesta por tres oidores españoles y tres jueces franceses.

3. En el efímero gobierno independiente del Lic. José Núñez de Cáceres, en el 1821, se creó una Corte Superior de Justicia.

4. Con la dominación haitiana de 1822-1844, volvimos a tener un Tribunal de Casación de carácter nacional, conforme estaba instituido por la Constitución Haitiana de 1816, y con competencia para conocer de los recursos sometidos a su conocimiento, pero sin avocar el fondo.

5. Por la Constitución Dominicana, votada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844, se instituyó la Suprema Corte de Justicia, y mediante la misma, y la Ley Orgánica Judicial de 1845, se atribuyó a este alto tribunal el conocimiento de los recursos de nulidad (Casación) contra las sentencias rendidas en última y única instancia.

6. Con la anexión a España (1861-1865) fue restablecida la antigua Real Audiencia, que había funcionado en la Época Colonial.

7. Con la reforma constitucional de 1877 se atribuyó a la Suprema Corte de Justicia la facultad de declarar cuál es la ley vigente cuando dos disposiciones entraren en colisión, y de conformidad con la Ley Orgánica de 1884: la Suprema Corte de Justicia "resolverá las consultas que les soliciten los tribunales inferiores, pero, nunca antes de éstos dar sentencia".

8. En 1908 fue instituida la Suprema Corte de Justicia como la conocemos en la actualidad. Durante los 103 años transcurridos desde entonces, el número de jueces que la componen ha variado en distintas ocasiones. Y hasta la Constitución de 2010 su función fue la de dirigir jurisdiccional y administrativamente todo el Poder Judicial.

Efectivamente, con la Constitución de 2010 y la Ley No. 25-91 y sus modificaciones posteriores:

1. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de 17 jueces.

2. El Poder Judicial es ejercido jurisdiccionalmente por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución y las leyes; y administrativa y disciplinariamente, por el Consejo del Poder Judicial (Arts. 149 y 156 de la precitada Constitución).

3. El Consejo del Poder Judicial presenta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales; en tanto que corresponde a la Suprema Corte de Justicia designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las Cortes de Apelación o sus

equivalentes, de los Juzgados de Primera Instancia o sus equivalentes, los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus suplentes y los jueces de cualesquiera otros tribunales del Poder Judicial (Art. 156 de la Constitución) .

4. La función judicial de la Suprema Corte de Justicia consiste pues en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o jurídicas, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (Art. 149, Párrafo I de la Constitución).

En conclusión, recibimos un Poder Judicial con atribuciones jurisdiccionales y administrativas separadas y concebidas constitucionalmente con criterios democráticos. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia que me incumbe presidir por los próximos 7 años tendrá a su cargo las funciones jurisdiccionales que le atribuyen la Constitución y las leyes, así como las funciones de designar los jueces que están jerárquicamente colocados por debajo de ella; en tanto que, la administración del Poder Judicial está a cargo del Consejo del Poder Judicial. Esta es la Suprema Corte de Justicia que recibimos luego de ser designado, conjuntamente con mis pares por el Consejo Nacional de la Magistratura, en su sesión del 21 de diciembre del 2011.

Con la estructura institucional descrita, la Suprema Corte de Justicia está concebida para desempeñar con más tranquilidad sus funciones jurisdiccionales y permanecerá al margen de la administración de los fondos y del personal del Poder Judicial; sin perjuicio de las atribuciones que incumben al Presidente del Alto Tribunal en el Consejo del Poder Judicial, amén de que, con la instauración del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral la carga jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia fue aligerada al ser transferida a los primeros la competencia para conocer de los diferendos constitucionales y electorales.

II

QUE RECIBIMOS COMO ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EN REALIZACIONES

En el año 2007, la Suprema Corte de Justicia puso en circulación la obra "Resultados de 10 años de Gestión Judicial", en la cual el Alto Tribunal recoge los avances que ha registrado nuestro Poder Judicial en el decenio 1997-2007. Después de publicada dicha obra, el mundo ha continuado avanzando y continuará haciéndolo.

Reconociendo que todos los días el mundo y el país cambian, también lo hace el Poder Judicial; y en vista de que todo tiene que transformarse permanentemente, debemos decir que recibimos un Poder Judicial con una realidad definida, sobre el cual debemos trillar el camino hacia un lugar de mayores logros. Efectivamente:

A. EN EL AMBITO LEGISLATIVO

Con relación al Poder Judicial y sus órganos vinculados, y sólo para citar algunos ejemplos, recibimos una Justicia y unos tribunales que al decidir jamás podrán obviar la existencia de:

1. La Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (Ley 167-97);

2. La Ley de Carrera Judicial (Ley 327-98);

3. La Ley de Libertad Provisional Bajo Fianza (341-98);

4. La Ley sobre el Defensor del Pueblo (19-01);

5. La Ley sobre Estatuto del Ministerio Público 78-03);

6. La Ley sobre Autonomía Presupuestaria Administrativa del Ministerio Público (174-04);

7. La Ley sobre Servicio Nacional de Defensa Pública (277-04);

8. La Ley No. 76-02, contentiva del Código Procesal Penal;

9. La Ley sobre Implementación del Nuevo Proceso Penal (278-04);

10. La Ley sobre Colegio de Notarios (89-05);

11. La Ley de Registro Inmobiliario (108-05) y sus diferentes reglamentos de aplicación;

12. La Ley sobre Recurso de Amparo (437-06);

13. La Ley sobre el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (13-07);

14. La Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (53-07);

15. La Ley sobre el Consejo del Poder Judicial (No. 28-11);

16. La Ley sobre el Tribunal Superior Electoral (29-11);

17. La Ley sobre el Consejo Superior del Ministerio Público (30-11);

18. La Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11);

19. La Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (138-11);

20. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (137-11);

Esto demuestra el gran avance legislativo alcanzado por la República Dominicana a partir de 1997.

B. EN EL AMBITO JURISDICCIONAL

Recibimos un Poder Judicial dividido en Jurisdicciones Civiles y Comerciales, Penales, de Trabajo, de Niños, Niñas y Adolescentes, Inmobiliarias, Contencioso Administrativo y Tributario, Municipales y de Tránsito. De otra parte, tenemos Jueces de la Instrucción, (Art. 73, Ley 76-02) y Jueces de la Ejecución de la Pena (Art. 74, Ley 76-02); a la vez, muchas de estas jurisdicciones constan de varias salas diseminadas en los Distritos y Departamentos Judiciales. En total 676 jueces.

Para estas jurisdicciones y los órganos colaboradores, trabaja un total de 5,560 empleados administrativos, cuya designación corresponde al Consejo del Poder Judicial.

Recibimos un Poder Judicial con una competencia ampliada en materia de Referimientos. En efecto, hoy día conocen de los asuntos de Referimientos:

a) El Presidente del Juzgado de Primera Instancia en atribuciones civiles (Art. 50, 55, Código de Procedimiento Civil, Art. 101-108, ley No. 834, del 15 de julio de 1978;

b) El Presidente de la Corte de Apelación en atribuciones civiles (Art. 109-112, Ley No. 834, del 15 de julio de 1978);

c) El Presidente de la Corte de Trabajo (Arts. 666-668 Código de Trabajo: Ley No. 16-92);

d) El Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, (Artículo 7, Ley No. 13-07);

e) El Juez de Jurisdicción Original de Tierras en los asuntos de su competencia (Arts. 50-51, Ley 108-05) y el Presidente del Tribunal Superior de Tierras, en caso de apelación de la decisión que en dicha materia haya rendido el Tribunal de Jurisdicción Original (Art. 53, Ley 108-05).

f) El Presidente de la Corte de Apelación en el curso de un procedimiento de arbitraje (Art. 21 y 40, Ley No. 489-08)

Para completar la competencia del Juez de los Referimientos, debemos informar al país que en el Proyecto de Código de Procedimiento Civil preparado por quien se dirige a Ustedes, y el actual juez de la Suprema Corte de Justicia, José Alberto Cruceta, y el juez del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta de los Santos; se prevé, además otorgar atribución a los jueces de paz para que conozcan de los asuntos de Referimientos en las materias que son de su competencia, siguiendo así al legislador francés, el cual, en los artículos 848 y 849, prevé que:

a) En todos los casos de urgencia, el juez del tribunal de instancia (entre nosotros juez de paz) puede, en los límites de su competencia, ordenar todas las medidas que no sean contrarias a ninguna contestación seria o que justifiquen la existencia de un diferendo (Art. 848); y,

b) Aún en presencia de una contestación seria, el Juez de Instancia podrá prescribir las medidas conservatorias o de puestas en estado que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita (Art. 849).

Señor Presidente, señoras y señores, solamente con las estructuras jurisdiccionales descritas y otras que forzosamente se crearán en el futuro, el Estado podrá responder a la multiplicación de los diferendos que diariamente se presentan en el seno de la sociedad dominicana.

C. EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL:

1. Nos encontramos con un Consejo del Poder Judicial, como órgano deliberativo, compuesto por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien la preside, y por cuatro jueces libremente elegidos por sus pares, y bajo cuya orientación realizan sus trabajos diarios: sus órganos operativos integrados por la Secretaría General, la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, la Dirección General Técnica, la Inspectoría General y la Escuela Nacional de la Magistratura.

2. Por debajo de estos órganos operativos funcionan los órganos consultivos, compuestos por: el Comité de Compras y Licitaciones, el Comité de Retiro, Pensiones y Jubilaciones, el Comité de Gestión Operativa de la Jurisdicción Inmobiliaria y el Comité Técnico Operativo de Registro de Títulos y el Comité Técnico Operativo de Mensuras, así como las Comisiones Permanentes del Consejo: la Comisión de Evaluación del Desempeño y Promoción, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Seguridad Social, la Comisión de Seguimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria, la Comisión de Publicaciones Impresas y Digitales, la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Género, la Comisión de Armonización de las Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, la Comisión Permanente de Oficiales de la Justicia, la Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos. De cada una de estas comisiones forma parte uno de los Consejeros.

Con las jurisdicciones y órganos administrativos enunciados, estamos quizás en el justo medio entre lo que es un Poder Judicial y lo que debe ser un real Poder Judicial. Sólo con el trabajo tesonero podemos desarrollar al órgano que ha nacido y que es todavía un adolescente, pero que aspira con sus valores éticos y sus actos dar el ejemplo a seguir por otros Estados del mundo. En definitiva, quedan muchos logros por alcanzar.

D. LABOR JURISDICCIONAL REALIZADA EN EL AÑO 2011

Al tomar posesión como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, conjuntamente con los demás miembros de este Alto Tribunal, procedimos a hacer un levantamiento de los expedientes en curso e incompletos procesalmente, de los expedientes ya completados y pendientes de ser fijados para ser conocidos en audiencia, de los expedientes conocidos en audiencia y pendientes de fallo, y de las sentencias rendidas durante el año 2011.

De dicho levantamiento hemos obtenido las siguientes informaciones:

1. De los expedientes ingresados hasta diciembre del 2011, el Pleno y las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia dejó pendientes de fallo, por diversos motivos, un total de 96.

2. En la Primera Sala (Sala de lo Civil y Comercial), al finalizar el año 2011 y sólo durante ese año, fueron fallados 478 expedientes, quedando pendientes de fallo un total de 9533.

3. En la Segunda Sala (Sala de lo Penal) se registra la particularidad de que al entrar en vigencia la Ley No. 76-02 (Código Procesal Penal) los expedientes en curso fueron liquidados conforme el Artículo 5 de la Ley 278-04, sobre la Implementación del Proceso Penal de la Ley 76-02. Y que, como los procesos abiertos luego de la implementación de esta última Ley quedaron sometidos a plazos rigurosos, no ha habido lugar a una notoria acumulación de expedientes. En consecuencia, en el año 2011, para conocimiento de esta Sala ingresaron un total de 2151 expedientes, a los cuales se sumaron los pendientes del año anterior. Fueron fallados 2299, quedando solamente pendientes de fallo 37.

4. En la Tercera Sala (Sala de Tierras, Laboral y Contencioso Administrativo y Tributario), al finalizar el año 2011 y sólo durante ese año, fueron fallados 554 expedientes, quedando pendientes de fallo un total de 1212.

De igual manera, recibimos del Honorable Ex-Presidente de la Suprema Corte de Justicia una relación de las principales sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia durante el año 2011, así como un informe de las realizaciones del Poder Judicial durante el mismo año. La primera será puesta casi de inmediato a disposición de nuestro sector profesional, y el segundo, lo podrán llevar consigo al salir de este recinto.

III

HACIA DONDE DEBEN DIRIGIRSE LAS INICIATIVAS EN EL PODER JUDICIAL

En septiembre del 1965, ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar Ciencias Jurídicas. En el primer año de la carrera tuve como profesor al padre de quien hoy me acompaña como vicepresidente de esta Suprema Corte de Justicia, quien también era Rector de dicha Universidad, el Dr. Julio César Castaños Espaillat, de grata recordación para quien les habla. De él aprendí que, según el economista francés Henry Gitton: "Mientras las necesidades se multipliquen día a día, los bienes sólo se suman, por lo tanto, siempre habrá necesidades insatisfechas". Afirmación aplicable a los servicios que ofrece el Poder Judicial.

En efecto, la sociedad dominicana siente necesidad de justicia y nos demanda más y mejores servicios de esta naturaleza. Nos demanda servicios más asequibles y más rápidos, pero sobre todo, servicios de más calidad.

Siempre habrá la sensación de insatisfacción, pero estamos obligados a acercarnos más y más a una justicia bien servida. Sólo con una justicia bien servida habrá paz. Es por lo que:

1. GARANTIZAREMOS EL RESPETO A LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y A LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Ciertamente, cuando inicié mis estudios de Derecho, tuve la oportunidad de familiarizarme con la obra de Maurice Duverger, "Derecho Constitucional e Instituciones Políticas". Para mí fue toda teoría, pues la Constitución no visitaba mucho las bibliotecas, pero aún más, era ausente permanente de los tribunales. A ningún juez le preocupaban los preceptos constitucionales para tomar sus decisiones. Así tuve que transitar por una larga trayectoria de mi vida profesional. Es a partir del año 1997 cuando se inicia una nueva etapa, en la cual la Constitución dejó de ser letra muerta, para pasar a ser considerada como fundamento natural de las sentencias, corriente neoconstitucionalista que ya había hecho camino décadas atrás en Europa y parte de América.

La Suprema Corte de Justicia comenzó a forjar una conciencia judicial de apego a la Constitución y a decisiones motivadas en principios, con la Resolución de la Suprema Corte de Justicia No. 1920-03, de fecha 13 de noviembre de 2003, sobre "Medidas Anticipadas de Aplicación del Código Procesal Penal."

A partir de dicha Resolución, el empeño del Poder Judicial por la Constitución y los principios y el número y la calidad de las decisiones en materia constitucional se multiplican. Basta examinar la obra "Un Siglo de Jurisprudencia Constitucional 1909-2009", del Magistrado Juan Alfredo Biaggi Lama, para llegar a esta conclusión.

La Constitución promulgada el 26 de enero del 2010 confirma la voluntad pública de garantizar el respeto a la preceptiva constitucional y la obligación de los servidores de la justicia de satisfacer en sus sentencias la necesidad del examen de dicha preceptiva. Se impone pues que esta práctica sea continuada con rigurosidad, para así dar cumplimiento al mandato del Artículo 6 de la Constitución, según el cual todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Transitando el mismo camino y para garantizar la supremacía de la Constitución, y la defensa del orden constitucional, el constituyente del 2010 creó el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones en materia constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado (Art. 184 Constitución).

Es así como hoy tenemos en nuestra Constitución, el control difuso, a cargo de los tribunales del Poder Judicial desde hace 167 años, y ahora también a cargo del Tribunal Constitucional; vía el recurso de revisión contra las sentencias de la Suprema Corte de Justicia.

Me satisface la creación del Tribunal Constitucional y me atrevo a decir que su aparición no será causa de inestabilidad institucional, temor que se tuvo en el momento en que se discutían las propuestas acerca de:

1. Si debería simplemente crearse una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia con las atribuciones de administrar la justicia constitucional, como se ha seguido en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

2. O si deberíamos adoptar el sistema de un Tribunal Constitucional independiente al Poder Judicial, como ha ocurrido en Austria, España, Checoslovaquia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Italia y Alemania. Señor Presidente, señoras y señores, ningún país ha salido de la violencia, ha construido la paz y el desarrollo, sin respeto a la legalidad y a la constitucionalidad, que es una preceptiva legal superior a la conocida legalidad ordinaria.

Exhortamos pues a los jueces, a ser respetuosos de los mandatos constitucionales.

Por otra parte, la democracia garantiza la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas y las disposiciones restrictivas previstas en la Constitución son necesarias para garantizar la democracia. Ninguna Constitución es democrática per se; ella sólo facilita o no la democracia. La democracia implica acción colectiva, y el Poder Judicial debe ser parte contribuyente de esa acción colectiva.

Contribuiremos, pues, con el afianzamiento de un verdadero Estado Constitucional, y con el respeto a la fuerza vinculante de la Constitución.

Igualmente, como representante de uno de los poderes públicos, procuraremos salvaguardar (y que así lo hagan todos los tribunales del país) el principio consagrado en el numeral 4 del Artículo 64 de la Constitución de la República, según el cual los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos con el mandato de la Constitución. Los vacíos normativos no serán impedimento para que este Tribunal Supremo haga prevalecer la justicia, pues el derecho a la justicia idónea, garantista y efectiva es un derecho fundamental y no teniendo las normas constitucionales y legales carácter limitativo, cuando de derechos fundamentales se trata, en ausencia de norma, el juez está obligado a rendir su decisión conforme al más elevado criterio de justicia.

Los derechos fundamentales son vitales, y en ellos descansa la convivencia pacífica, por lo que esta Suprema Corte de Justicia será una aliada del Tribunal Constitucional, en garantizarlos.

Sabemos que puede haber disensión, pero los jueces tenemos que acostumbrarnos a escuchar las opiniones al margen del consenso. En la contradicción de las ideas descansa el desarrollo social.

La justicia debe continuar luchando por la igualdad de género y por la eliminación de la violencia intrafamiliar, así como por la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Trabajaremos con la serenidad de los prudentes, y con nuestras decisiones contribuiremos a la paz familiar y la paz social.

2. RECONOCEREMOS QUE VIVIMOS EN UN MUNDO DONDE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD SON FUNDAMENTALES

En efecto, esta Suprema Corte de Justicia tendrá que tomar en consideración, en primer lugar, que sus actos se realizarán en momentos en los cuales la República Dominicana se encuentra inserta en un mundo globalizado y que por lo tanto, si bien es cierto que la Nación Dominicana es soberana (Art. 3 de la Constitución), como miembro de la comunidad internacional, tiene que mantenerse abierta a la cooperación y apegada a las normas del derecho internacional general y americano, y a las normas de las convenciones internaciones firmadas por el Estado Dominicano y ratificadas conforme el derecho interno (Art. 26 de la misma Constitución).

En segundo lugar, tendrá que tomar en consideración que si bien la República Dominicana acepta el ordenamiento jurídico internacional que garantiza el respeto a los derechos fundamentales (Art. 26.4) está en la obligación de cooperar con los demás países en la lucha contra la delincuencia transnacional (Art. 260.1).

Y, en tercer lugar, tendrá que tomar en consideración que no puede desconocer que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado (Art. 74.4)

El Poder Judicial no puede desconocer, por lo tanto que el Estado Dominicano funciona como un sistema y, como en todo sistema, cualquier cambio en uno de sus componentes influye en los restantes, directa o indirectamente.

La globalización es un factor capital del mundo actual, pero también un factor que debe manejarse con delicadeza. En el caso del Poder Judicial, sólo con la meta de procurar una honrosa tarea de la administración de los valores éticos que identifican la justicia. Ella tiene pros y tiene contras. Ella nos obliga a contribuir con los demás países con los cuales hemos firmado convenios de asistencia judicial internacional a satisfacer las comisiones rogatorias y/o exhortos provenientes de esas naciones hermanas.

De igual manera, debemos afianzar las relaciones de la justicia con los demás sectores que sobre ella inciden. Es por lo que, respetaremos los 65 convenios de colaboración que ha firmado la Suprema Corte de Justicia en los últimos 14 años con entidades especiales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y gremios profesionales. Y con ese debido respeto, contribuiremos con la armonía social.

3. SEREMOS UN ALIADO DE TODO EL SECTOR JUDICIAL Y SUS ÓRGANOS VINCULADOS EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD.

En efecto, el aumento de la criminalidad en los últimos tiempos es una gran preocupación de la sociedad Dominicana, y una parte de ella entiende que la culpa es de los jueces, porque, según ella, deciden por miedo, por capricho, por amistad, por familiaridad, por conveniencias personales, por contubernio, y ¿por qué no expresarlo con la frase más comúnmente utilizada: porque reciben dinero?

Los jueces que por una cualquiera de estas causas decidieren los resultados de un proceso y dicten sentencias viciadas no tienen derecho a continuar en el Poder Judicial. Deben abandonarlo. Al Consejo del Poder Judicial compete expulsarlos, y quien les habla es el Presidente del mismo. Me satisface pues comunicar al país que honrosamente y con la colaboración de los demás miembros del Consejo del Poder Judicial, cumpliré con el mandato que me da la Ley.

Es en el sentido precisado, que igualmente, cuando un juez penal solicitare una licencia o unas vacaciones, estaremos vigilantes para saber cuáles casos tiene a su cargo y a quién le tocará juzgarlos.

Haciendo uso de un concepto reflejado en el artículo del Lic. Eduardo Jorge Pratts, publicado en la edición del periódico Hoy del viernes 6 de enero del 2012, nos permitimos decir a Ustedes que esta Suprema Corte de Justicia invita a quienes se sientan cansados moralmente a abandonar al Poder Judicial.

4. CONTINUAREMOS TRABAJANDO POR LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES JUDICIALES Y POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS.

Dar continuidad al desarrollo del Poder Judicial y al proceso que se inició en 1997 es una meta que sólo puede alcanzarse reconociendo el trabajo de los jueces y demás operadores del servicio judicial. En consecuencia, hay que reconocer el trabajo de los jueces, y respetar que cada quien ascienda por sus méritos. Que la amistad con los de arriba no sea lo que explique la promoción.

En este sentido, el respeto al escalafón y el reconocimiento de la labor rendida, conjuntamente con la capacidad, deben ser las causas por las cuales un juez debe ser atendido en su aspiración de ser colocado en un rango superior al que desempeña en cada caso.

La Escuela Nacional de la Judicatura ha hecho posible que cada día haya más jueces eficientes, como fruto de un mayor nivel de capacitación y más jueces en condiciones de ofrecer una justicia más pronta y cumplida dentro de los sistemas procesales existentes. Un juez capacitado tiene condiciones para ser independiente y por lo tanto, para arbitrar con mayor exactitud y justicia, así como para manejar con más agilidad los diferendos que la ciudadanía ponga en sus manos.

La capacitación es el eje fundamental de la reforma de todo el sistema judicial. Con jueces capaces caminamos hacia la construcción de un Poder Judicial más actualizado y más justo. Por eso el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, denominó a la Escuela Nacional de la Judicatura como la hija predilecta y la protagonista del Poder Judicial, y de sus operadores.

Necesitamos un Poder Judicial en el cual el Juez interprete su fortaleza como la capacidad para ser justo y reconozca que su capacitación lo conduce hacia el logro de esa posibilidad día a día. Es que siendo capaz se llega más fácil y más rápido a ser justo.

Necesitamos un Poder Judicial que se desarrolle sobre la capacidad, la independencia, la probidad, el reconocimiento de la primacía de la Constitución como garante de los derechos ciudadanos y la existencia de ágiles sistemas procesales. Sobre estos pilares debemos fundamentar una justicia pronta, oportuna, garantista y eficaz.

La Escuela Nacional de la Judicatura ha formado jueces capaces. Las vistas públicas para la selección de los miembros de las Altas Cortes que recién han sido juramentados y tomado posesión han dejado sorprendido al país. La capacidad exhibida por los participantes en dicho evento es asombrosa. Pero esa capacidad necesita ser incentivada.

Se hace necesario, pues, proporcionar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y más seguridad para los jueces y demás servidores del Poder Judicial. Por lo tanto, llamamos a los demás poderes del Estado a que compartan con nosotros la inquietud que tenemos en el sentido de que el bajo presupuesto asignado cada año seguirá afectando el progreso de este poder del Estado.

5. FORTALECEREMOS LA CREDIBILIDAD Y LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL y SUPERVISAREMOS CONTINUAMENTE EL SERVICIO DE JUSTICIA.

La justicia hace ganar afectos, pero también desafectos. La parte que resulta gananciosa en un litigio considera que ganó porque tenía la razón; la parte perdidosa considera que perdió porque el juez se vendió.

Tenemos que adoptar una actitud comprensible y aceptar que las críticas expresan la disidencia fruto de un régimen democrático, pero también declarar inadmisible que las decisiones sean el resultado de causas espurias o presiones contaminantes.

Procuraremos evitar que las críticas se conviertan en presiones, y que, por lo tanto, contaminen los procesos judiciales y sus resultados, ya que una sentencia dictada bajo presión es una sentencia viciada.

El Poder Judicial ha avanzado estructural e institucionalmente, pero en los últimos tiempos la credibilidad se ha visto disminuida. Debemos lanzarnos rápidamente y sin dilación de ninguna naturaleza hacia el rescate de ese sentimiento nacional. Sin credibilidad no puede haber consolidación del Poder Judicial y de sus planes estratégicos.

Si bien es cierto que el hombre nunca pierde la esperanza, ella se ve mermada cuando los que deben proporcionársela toman actitudes complacientes hacia el desconocimiento de los objetivos que ella procura.

El bienestar humano, el reconocimiento al mérito de tener derecho y la creencia firme en los valores sobre los cuales descansan las aspiraciones sociales es la fuente de la paz.

La independencia judicial es uno de los valores en que se fundamenta la democracia, de ahí su importancia política; por lo que, la administración de justicia tiene que ser independiente y no habrá independencia sin un compromiso firme asumido por el poder del Estado que está obligado a garantizarla. Ese compromiso comenzó a expresarse con la reforma Constitucional de 1994, y a concretizarse con la designación de la Suprema Corte de Justicia que inició sus trabajos en 1997. En ese momento surgió un Poder Judicial con una visión diferente a la que había prevalecido. Han transcurrido 14 años y hoy los frutos de esa administración independiente son palpables. Estamos obligados a fortalecerla.

Una Inspectoría que se ha encargado de vigilar los actos de los jueces y demás servidores del sector justicia ha permitido mantener la ética y la probidad de la justicia. Excepcionalmente, algunos desconocen este mandato sagrado y se convierten en funcionarios peligrosos para la sociedad. Contra ellos se ha actuado y actuaremos sin contemplación.

6. TRABAJAREMOS A FAVOR DE UNA MEJOR JUSTICIA

En efecto, como el hombre desde que nace es potencialmente justiciable, el Poder Judicial deberá garantizar una justicia pronta y accesible, aunque sin olvidarse de las normas, que son siempre frías y lejanas al hombre. El Poder Judicial debe dar respuestas y soluciones lo más cercanas posible a lo que la sociedad demanda como justo y las partes entienden como tal al momento de poner en manos de la justicia instrumental la solución de sus diferendos. La modernización no tiene razón de ser si no se acerca al hombre y el éxito no se puede considerar como tal si no garantiza la equidad y la democratización de los bienes universales. Si bien la justicia debe ser dirigida por un gerente, también deberá tomar en cuenta que los bienes que gerencia están estrictamente ligados al ser humano y por lo tanto quien los gerencie no podrá dejar de ponderar al hombre mismo.

Para quien les habla, lo más importante del estado actual del Poder Judicial es el pacto compromisario entre este poder y sus operadores con el pueblo dominicano para hacer avanzar los logros alcanzados con la Constitución de 1994, con la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia en 1997 y más recientemente con la Constitución promulgada el 26 de enero del 2010.

Ninguna acción política tiene éxito sin el apoyo del pueblo, y este es el caso de la política judicial. Tenemos las normas en la Constitución y en las leyes. Ellas deben concretizarse, hacerse efectiva en el seno de las jurisdicciones y trascender a la práctica social.

Estoy seguro de que los que son derechos en las nuevas normas serán realidades en la práctica jurisdiccional.

Probidad y probada capacidad profesional no sólo deben ser adorno del juez, sino la manera de realizar un trabajo más eficiente a favor de la justicia. En este sentido, la Dirección General de Administración y Carrera Judicial (DGACI), a través de la Dirección para Asuntos de Carrera Judicial, avanza en la difusión del Código de Comportamiento Ético de los Servidores Judiciales, pero siempre convencida de que el comportamiento ético no sólo requiere del sentimiento íntimo y de una alianza permanente con el bien, sino también del rigor de quienes deben aplicar sanciones cuando sea desconocido ese deber conductual.

El comportamiento ético puede ser valorado como la mejor cultura del capital humano y sobre él deberá descansar el edificio conductual del Poder Judicial. Ya decía Mariano Arzuela Güitrón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en una entrevista que dispensara para el Periódico "El Judicial", publicado por esta Suprema Corte de Justicia, que "La ética es tan sencilla como portarse bien y está dirigida a seres humanos con espíritu inteligente y libre".

Señores miembros del sector judicial, pongámonos el traje de que habló este ilustre visitante. Amemos el oficio de juzgar y la calidad de la justicia, siendo jueces buenos; como ha dicho Olga Herrera Carbuccia, hermana de nuestro Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

Necesitamos un Estado que no solamente sea un Estado de Derecho, sino también un Estado de Justicia. Tribunales judiciales que sean tribunales de justicia.

Queremos oír a los que administran justicia, pero también a los que sufren las injusticias de la administración de justicia. Queremos estar cerca de ambos. Queremos ser accesible al hombre y a la mujer, con ellos queremos ser sensatos, prudentes y sensibles al dolor. Quiero admirar y respetar a mis pares, pero también exigirles que cumplan sus deberes. Sólo así podré acercarme en mi ejercicio como juez a los conceptos universales de la justicia. Quiero compenetrarme con la filosofía de la justicia, pero también quiero oír cantar la filosofía sobre la realidad de la vida.

Señor Presidente, señoras y señores, la paz es el estado anhelado por la humanidad. Con ella vamos a contribuir. Buscaré de mis pares equidad, imparcialidad, honestidad, transparencia, independencia de criterio y excelencia.

Estos valores sólo se hacen realidad tangible con vigilancia permanente; que no haya dudas de que ésta es una tarea que no abandonaremos, ni durante el día ni durante la noche. Si nos dormimos, pedimos a Dios que éste sea el sueño que contemos al momento de despertar.

Muchas gracias.

Discurso pronunciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, con ocasión del día del Poder Judicial, 7 de enero de 2012.