15 de agosto del 2019

El jueves 15 de agosto de 2017 el procurador Jean Rodríguez dio detalles de los avances del proceso judicial que se lleva a cabo en contra del grupo de la ex Fiscal y los agentes imputados.

Santo Domingo, RD, 15 de agosto de 2019.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó el jueves el arresto y sometimiento a la justicia de la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña y cuatro agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acusados de cometer irregularidades en un allanamiento realizado el pasado 2 de agosto en una barbería del municipio de Villa Vásquez, en la provincia Montecristi.

El Procurador General explicó que el Ministerio Público cuenta con diferentes evidencias, tanto periciales, materiales, testimoniales como documentales que han permitido establecer que presuntamente los imputados planificaron y ejecutaron la colocación de drogas en la barbería de Villa Vásquez.

Junto a Núñez Peña también fueron detenidos y sometidos a la acción de la justicia el mayor de la Policía Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez, y los cabos de la Policía y la Fuerza Aérea Dominicana Adan Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, respectivamente, solicitando el Ministerio Público en su contra la imposición de medidas de coerción de un año de prisión preventiva al Juzgado de la Instrucción de Montecristi.

Tras denuncias de que violaron procedimiento y colocaron drogas en barbería de Villa Vásquez la Fiscal del Distrito Judicial de Montecristi, Carmen Lisset Núñez renunció al cargo

El 5 de agosto pasado la fiscal Carmen Lisset Núñez renunció a su cargo como fiscal de carrera. En esa circunstancias era investigada junto a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por supuestamente haber colocado droga en una peluquería de Villa Vásquez, en Montecristi, durante un allanamiento, según quedó captado por las cámaras de seguridad de la peluquería.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República informó en la ocasión que la renuncia de la fiscal facilitaba el eventual proceso penal que pudiera iniciarse en su contra en caso de que las evidencias permitan establecer que tiene comprometida su responsabilidad penal en los hechos, ya que no habrá que agotar todo el proceso disciplinario previo que establece la ley en estos casos.

El procurador Jean Rodríguez dio la información al ofrecer declaraciones a la prensa en la sede de la institución sobre los avances del proceso judicial que se lleva a cabo en contra del grupo de imputados.

Dijo que la aplicación de la ley es igual para todos, sin importar a que institución pertenezcan, ni la posición que ocupen, ni su condición económica.

Advirtió que todo el que incurra en actuaciones dolosas deberá responder por sus hechos en los tribunales.

"El país siempre tendrá en mí a un procurador general de la República que procura justicia ante todo hecho que riña con la ley y, como lo hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión, en este caso buscaremos que sea debidamente sancionado", expresó ante periodistas de diferentes medios de comunicación.

A través de un comunicado de prensa que recoge las declaraciones del Procurador general de la República, se precisa que por este caso las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional también persiguen a Carlos Daniel Estévez, alias Mendañito, a quien pidieron que se entregue por las vías correspondientes.

La información destaca que el Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 38, 42, 44, 169 párrafo I, 255 de la Constitución de la República, que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así como de violar los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.

El órgano investigador del sistema de justicia destacó que cuenta con diferentes evidencias, tanto periciales, materiales, testimoniales como documentales que han permitido establecer que presuntamente planificaron y ejecutaron la colocación de drogas en dicho establecimiento.

Dijo esperar que el Juzgado de la Instrucción de Montecristi acoja su pedimento y le imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, por ser la medida cautelar más idónea a imponer en este caso por existir evidentemente el peligro de fuga.

El procurador general aseguró que el Ministerio Público trabaja desde ocurrió el hecho para establecer la verdad en el marco del debido proceso, y actuar en consecuencia, procurando que impere la justicia.