Por Manuel Hernández Villeta

El área judicial no puede estar en polémicas estériles. Los fiscales están para presentar la acusación, y los jueces para aplicar la sentencia. Si hay fallas, deben ser conocidas por los organismos competentes, no airearlas a lo público. El sistema no soporta disensiones, es frágil, y se resquebraja a la menor crítica a lo externo.

Lo lamentable es que nada se saca en claro de las polémicas. Titulares en los periódicos por un par de días, y ya. Todo vuelve a la anormalidad. Las denuncias deben estar acompañadas de la investigación, y la sanción en caso de ser necesaria.

La sociedad dominicana está cansada de las polémicas inútiles, que no conducen a ninguna parte, y que de una forma u otra enajenan el sistema. Hay que comenzar a presentar pruebas, porque en definitiva, las descalificaciones quedan en el aire y se las lleva el viento, pero la verdad prevalece.

Difícil poder estabilizar a la justicia dominicana, que todavía tiene los pies de barros. No ha dejado de ser un terreno donde la política tiene un amplio predominio, y en el cual la institucionalidad camina lentamente. Tengo confianza en la justicia dominicana, en los jueces y en los fiscales: Hacen su trabajo. Ahora, si alguno realiza actividades condenables, se le deben probar y llevar al banquillo de los acusados.

Hoy la justicia nacional tiene más fuerza y moral que la de hace varias décadas. Era una época donde muchas sentencias eran dictadas en oficinas de abogados, en los cuarteles de Policía o de la guardia, o en el aire acondicionado de los despachos de los políticos. Los jueces de hoy tienen más autonomía y mayor credibilidad. Los fiscales han dejado de ser monigotes que inclusive iban con botas y pantalones militares a las audiencias.

Tienen que seguir los cambios, es la única forma de que todos los dominicanos tengan fe absoluta en la justicia. Es una forma de evitar que el ciudadano se tome la aplicación de la pena fuera de los tribunales. La justicia aplicada unilateralmente sin juicio oral, público y contradictorio es un atentado a la institucionalidad. Los linchamientos no pueden ser el camino.

Necesario es elevar la línea educativa de la población para que comprenda que los linchamientos no es el camino. A todo implicado en un hecho se le debe detener y ser llevado a los tribunales con un expediente bien claro, donde se demuestre su culpabilidad para ser condenado. Si no se toman esas medidas, entonces las cavernas se adueñaran de la vida nacional.

Con los linchamientos no es solo decir que están prohibidos, sino hacer que los ciudadanos tengan fe en la justicia. Cuando se quieren aplicar penas irregulares, es porque no se confía en la ley. No hay pena de muerte en el país, y el que participe en un linchamiento debe saber que es reo de prisión. Dejemos que en los tribunales se diriman culpabilidades e inocencia, y dejemos a un lado polémicas estériles, y pongámonos a trabajar por la institucionalidad de la justicia. ¡Ay!, se me acabó la tinta.