Por Narciso Isa Conde

Entre todas las instituciones descalificadas -incluido el gobierno central que volcó en las primarias poder, recursos y medios del Estado contra de una facción del PLD (también culpable de corrupción y fraudes)- se ha destacado la maleada JCE.

La descalificación es total por tolerar y/o apañar propaganda y publicidad ilegal, mítines y caravanas prohibidas, compras descaradas de cédulas y votos, uso abusivos de recursos públicos (del gobierno, congreso, alcaldías...), repartos descarados de dinero+ y alimentos, autorizaciones de puntos de drogas, precandidatos denunciados como corruptos; violaciones a sus propios reglamentos y leyes, resistencia a auditar previamente los sistemas automatizados y a permitir fiscalizaciones compartidas, y fuertes evidencias de adulteraciones en el conteo automático.

Recuerden a Castaños presentar a Danilo Medina como un "elegido" y acusar de pretender sembrar el caos cuando Marcha Verde auspicio el Juicio Político a al Presidente Medina por su rol en la estafa de Punta Catalina. Quienes proceden de esa manera en forma reiteradas, evidentemente están incapacitados para un viraje que implique garantías de imparcialidad.

Eso explica que esa entidad haya reiterado no se arrepentirse de nada, que no acepte objeciones por consistentes que sean y que a la vez se resista a renunciar. Pero además, ante una hipotética dimisión, el danilismo y sus socios empresariales- aunque ahora más condicionados por el supra-poder imperialista (¡Pompeo!)- tienen el control de las vías institucionales para imponer otra JCE parecida y manipular la que está.

La JCE y el TSE son partes de un sistema institucional en el que gravita fuertemente el Poder Ejecutivo, como pasa también con el Sistema Judicial y el Poder legislativo. Conforman, pues, una dictadura constitucional montada sobre una dictadura de clase, actualmente bajo el mando de poderosos grupos empresariales afines, que controlando el CONEP, han sido capaces de hablar de transparencia en medio de este pantano pre-electoral.

A mecanismos de poder con esas características en vez de demandarles renuncia se impone la necesidad de "renunciarlos" por vía extra-institucional, ejerciendo democracia de calle, movilizándonos, desobedeciendo a autoridades ilegítimas y abusadoras; necesidad imperiosa que cuenta con el rechazo tanto del oficialismo como de la oposición electoralista (PRM y leonelismo), lo que indica cuanto se parecen.

Ahora bien, si todo lo denunciado se dio y se toleró en el marco de las primarias del PLD, hay que esperar cosas parecidas y peores en el escenario electoral del 2020... y más allá; salvo que el pueblo, mediante proceso constituyente, arranque de raíz el mal. (Domingo 19-10-2019)