PRIMERA FILA

UN PRONOSTICO SOMBRIO

Mario Rivadulla

Habida cuenta de que el territorio nacional está atravesado por una profunda falla sísmica, específicamente en la región norte, hemos llamado la atención de manera sostenida sobre la necesidad de llevar a cabo una intensa campaña de orientación ciudadana sobe el comportamiento a seguir en caso de ocurrir un terremoto de alta intensidad.

Lo reiteramos en días recientes en ocasión de los sendos eventos telúricos

que afectaron Puerto Rico, y sobre los cuales acaba de hacer valiosas

observaciones sobre el terreno el destacado geólogo y sismólogo Osiris de

León en su columna del diario El Caribe. Y de nuevo cuando el ingeniero

Dionisio Navarro, presidente del CODIA llamó la atención la pasada

semana sobre la gran cantidad de construcciones ilegales, levantadas en

forma improvisada, sin asesoría técnica, y por consiguiente de alto

riesgo, caso de ocurrir un seísmo.

Ahora, es preciso retomar el tema y lanzar nueva clarinada de alerta

sobre el peligro de sufrir una catástrofe en término de pérdida de vidas

humanas y cuantiosos daños materiales, si ocurriese un evento sísmico

de cierta consideración que dejara sentir sus efectos sobre todo en los

barrios marginados de los municipios que integran el Gran Santo

Domingo. Hay que tomar en cuenta que una parte significativa de su

población de alrededor de cuatro millones de habitantes se hacina en

viviendas improvisadas, ubicadas sobre terrenos arcillosos y de escasa

consistencia, con materiales endebles, inclusive paredes de cartón y

techos de zinc.

En la edición del Listín Diario de este pasado lunes aparece una

advertidora información sobre el tema donde se recoge el estimado de

daños que arroja el mapa de escenario del Servicio Geológico Nacional

frente a la eventualidad de un seísmo de intensidad 6.4 en la escala de

Richter, según el cual se registrarían más de 20 mil muertes y miles de

viviendas resultarían afectadas. Una auténtica catástrofe.

Ante tan sombrío pronóstico, el estudio plantea la necesidad de

implantar un programa de educación en torno a un plan de contingencia

llevado a las aulas en las escuelas, universidades y demás centros

docentes; las instituciones públicas y privadas; centros de salud; los

cabildos; y los organismos de prevención y socorro agrupados en el

Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Adicionalmente, plantea el

reforzamiento de las estructuras vitales en todas aquellas construcciones

que arrojen evidencias de vulnerabilidad.

Una y otra vez hemos llamado la atención sobre el hecho cierto y

fácilmente comprobable de que la inmensa mayoría de la población

ignora que puede y debe hacer frente a la ocurrencia, siempre

impredecible, de un terremoto, ya que a diferencia de los huracanes se

produce de manera inesperada, a fin que no caiga en pánico, y de tal

modo contribuir a reducir el riesgo de perder la vida, ser sepultado en

vida bajo una montaña de escombros, o sufrir serias lesiones.

En días de la pasada semana, el propio director de la Defensa Civil, al señalar que de ocurrir un seísmo corresponde a la población actuar con responsabilidad, admitió sin embargo que, tal como hemos advertido de manera insistente, la mayoría ignora como debe proceder.

Ahora ante el sombrío pronóstico de muerte y destrucción que hace público el Servicio Geológico Nacional si el Gran Santo Domingo resultase afectado por un terremoto de 6.4, cabe insistir tanto en la

campaña urgente de orientación que sugiere ese organismo como en las medidas de reforzamiento estructural de aquellas construcciones que lo requieran.

El tema es de la más alta prioridad. La sola catastrófica posibilidad de que 20 mil o más personas pudieran perder la vida le otorga más que sobrada justificación.