SANTO DOMINGO, RD, 24 sep.- El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión de amparo presentado por la Cámara de Diputados y ratificó una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que le ordenó entregar informaciones sobre los nombres y salarios de los asesores de ese hemiciclo a una persona que las solicitó.

En su sentencia, el TC confirmó la obligación de transparencia en todo el Estado como forma de controlar la corrupción. Declaró que aunque el nombre permite identificar a las personas e individualizarlas, no se trata de un dato o informaciones personales o íntimas.

"De modo que aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, no puede restringir el derecho de libre acceso a la información pública, a riesgo de desproveer a la ciudadanía de las herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar obstáculos a la corrupción en la administración pública", señaló el TC en su sentencia 0042/12, divulgada este lunes.

La Cámara de Diputados presentó el recurso de revisión ante el TC, luego que el TSA acogió una acción de amparo del señor Manuel Muñoz Hernández, quien la sometió por considerar incompletas las informaciones que le entregó la Cámara de Diputados sobre las personas que le asesoran y los salarios que devengan.

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo aludiendo que los datos (nombres, cargos y salarios) no eran de carácter confidencial, sin embargo la Cámara de Diputados, en desacuerdo con la sentencia,la recurrió en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional.

Muñoz Hernández consideró que la Cámara de Diputados solo le entregó informaciones en las que hacía constar el número de asesores, la distribución por bloques y el monto de los salarios, sin individualizar y sin mencionar los nombres, porque debía esperar el consentimiento de los asesores.

La Segunda Sala del TSA acogió la acción de amparo, argumentando que los nombres, cargos y salarios no eran de carácter confidencial, pero la Cámara de Diputados recurrió esa sentencia en revisión ante el TC.

La Cámara de Diputados presentó el recurso de revisión ante el TC, luego que el TSA acogió una acción de amparo del señor Manuel Muñoz Hernández, quien la sometió por considerar incompletas las informaciones que le entregó la Cámara de Diputados sobre las personas que le asesoran y los salarios que devengan. Este lunes, el Tribunal Constitucional tomó una decisión sobre este caso y ratificó una sentencia anterior del Tribunal Superior Administrativo que le ordenó entregar informaciones sobre los nombres y salarios de los asesores de ese hemiciclo.

Muñoz Hernández requirió a la Cámara de Diputados información relativa a las personas que le asesoran y los salarios que devengan. Ante dicho requerimiento, la Cámara de Diputados entregó la información, pero sólo se hacía constar el número de asesores, la distribución por bloques y el monto de los salarios, sin individualizar y sin mencionar los nombres, ya que debían esperar que los asesores manifestaran su consentimiento para que sus nombres sean revelados. Al considerar el señor Manuel Muñoz Hernández que la información resultaba incompleta, interpuso una acción de amparo contra la Cámara de Diputados, solicitando la entrega de la información solicitada.

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo aludiendo que los datos (nombres, cargos y salarios) no eran de carácter confidencial, sin embargo la Cámara de Diputados, en desacuerdo con la sentencia,la recurrió en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión constitucional y confirmó la sentencia impugnada. En su decisión, el Tribunal Constitucional observó la necesidad, mediante la ponderación, de balancear los derechos en conflicto: el derecho a la libre información que tienen las personas y grupos no pertenecientes al sector público versus el derecho a la intimidad de funcionarios y empleados de una institución al revelar los nombres, cargos y salarios. En este tenor, el Tribunal consideró que si bien el nombre es un dato que permite identificar a las personas e individualizarlas, no se trata de datos o informaciones personales o íntimas. De modo que, si aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, no puede restringir el derecho de libre acceso a la información pública, a riesgo de desproveer a la ciudadanía de las herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar obstáculos a la corrupción en la Administración Pública.