Por Ricardo Rojas León

En los últimos días varios constitucionalistas se han referido al tema de la legitimidad procesal que se requiere para que un particular pueda ser reconocido por el Tribunal Constitucional como parte en una acción directa de inconstitucionalidad.

Los que han opinado, sin excepción, se han decantado a favor de que el TC otorgue una interpretación amplia al art. 185.1 de la Constitución, para permitir que cualquier ciudadano sea reconocido como titular del derecho de reclamar el respeto de la Constitución frente a los actos normativos que la violenten.

La preocupación y reclamo son legítimos, en primer lugar, por la fórmula asaz restrictiva consagrada en la parte in fine de la norma, y, en segundo lugar, por la necesidad de que el TC establezca un criterio sobre lo que debemos entender como "persona con interés legítimo jurídicamente protegido". Es sabido que, en los últimos años, la SCJ, en atribuciones de control concentrado de constitucionalidad, modificó, de manera injustificada, su criterio sobre lo que debía considerarse "parte interesada", migrando de una concepción amplia, formulada en 1998, hacia una interpretación inmotivadamente estrecha, una década después.

Es evidente que el requisito de legitimación procesal establecido en la Constitución de 2010, para las personas que accionen en inconstitucionalidad contra una norma, resulta más restrictivo que el contemplado en el art. 67.1 de la de 1994, que requería que se fuera "parte interesada".

Este "estrangulamiento" (Bidart Campos), primero jurisprudencial y luego normativo, de la legitimación procesal para demandar el respeto de la Constitución, supone una involución en el derecho de acceso a la justicia constitucional en el país, inconsistente con la ampliación de los derechos fundamentales y la proclamación del país como un Estado Social y Democrático de Derecho.

El constitucionalismo moderno, ha dicho el profesor Brewer-Carias, "está montado no sólo sobre del derecho a la Constitución, sino sobre el derecho ciudadano a esa supremacía, que se concreta, conforme el principio de separación de los poderes, en un derecho fundamental a la tutela judicial de la primacía constitucional".

De ahí que el requisito, de corte civilista, patrimonialista y censitario, de que se debe ser "persona con interés legítimo jurídicamente protegido", para accionar en inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza, amerita una interpretación amplia por parte del Tribunal Constitucional, para que se le reconozca a cualquier ciudadano, como destinatario de la Constitución y de las leyes, la legitimación necesaria para exigir el respeto a la supremacía de nuestra Carta Fundamental, como se garantiza cualquier otro derecho fundamental, y como requieren todo constitucionalismo que se precie de ser principalista y toda Constitución que se asuma como viva.