Por Manuel Hernández Villeta

La recusación a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia, en relación con el expediente Odebreht, sienta un precedente de cómo funciona el estamento líder encargado de aplicar sanciones, o ratificar la inocencia de los encartados.

Una de las conclusiones del pleno de la Suprema fue que un juez tiene derecho a tener una ideología y hasta de conservar simpatías políticas, siempre que sean personales y pasivas.

De esa forma, se evitó una recusación al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, quien había desempeñado funciones de jefe de campaña o asesor de Tommy Galán, en las pasadas elecciones congresuales en San Cristóbal.

Luego de su elección, Henry Molina presentó renuncia del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que su pasado político no era un secreto para nadie. Si ahora se tomó en cuenta en lo que se puede interpretar como un choque de funciones, es por las implicaciones del caso Odebrecht.

Vamos a ser realistas, en la República Dominicana no hay un magistrado de las Altas Cortes, de la Junta Central Electoral o de la Cámara de Cuentas, que no tenga militancia partidista. Es más, sino se tiene algún tipo de ligazón política, no llega a la posición.

Hay partidos políticos y hay organizaciones que se dicen apartidistas que también tienen su cuota en las selecciones, como es la mal llamada sociedad civil. Siempre es cuestionable a los que quieren jugar a políticos, sin meter los pies en medio del agua. Rechazan las diabluras de la política, pero si se satisfacen con sus bondades.

Nadie se puede horrorizar por el pasado político de un magistrado. Nada lo prohíbe en la República Dominicana. Lo que no se puede permitir es que luego de ser juramentado un juez utilice la posición para beneficio de un grupo político determinado.

La división de los cargos por cuotas debe finalizar. Hay profesionales serios y responsables que pueden ser escogidos, fuera del litoral político. Esto le daría más fuerzas a la justicia y la mantendría lejos de los vaivenes tan tormentosos del partidismo.

A los jueces de la Suprema, de la Junta Central Electoral, de las Altas Cortes y de la Cámara de Cuentas se les debe dar la oportunidad de que trabajen y ejecuten. Su pasado partidista, debe quedar atrás, lo no deben ahora en esta etapa ponerse la chaqueta de un partido determinado.

La institucionalidad dominicana se tiene que mantener en base a nuestra realidad de hoy. El partidismo norma la vida nacional, a un magistrado solo lo eleva por encima de la muchedumbre su reciedumbre y verticalidad, el respeto profesional, humano, institucional y su compromiso con el futuro nacional ¡Ay!, se me acabó la tinta.